PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS


Última modificación: 09/09/2016

Finalidad

Comprobar el valor declarado por el obligado tributario, y recogido en las declaraciones o autoliquidaciones por él presentadas, de bienes, derechos, rentas, productos y demás elementos determinantes de la obligación tributaria a fin de determinar que dicha valoración, realizada por el obligado tributario, se adecue a lo dispuesto por la norma reguladora del correspondiente tributo sin que se haya minorado la deuda tributaria correspondiente.


Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o las entidades recogidas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria respecto de las que se inicie el procedimiento de comprobación de valores.

Plazo de presentación

El procedimiento se podrá iniciar de oficio por la Administración siempre que no haya transcurrido el plazo máximo de prescripción (artículos 66 a 69 de la Ley General Tributaria).

Lugar de presentación


Requisitos

Se trata de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración tributaria. Dado que el fin último del procedimiento es comprobar el valor declarado por el contribuyente en su declaración/autoliquidación, el único requisito para que pueda iniciarse este procedimiento es que exista una declaración o autoliquidación presentada previamente por el contribuyente y que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. No obstante, tanto la Ley General Tributaria como el Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria establecen una delimitación negativa por lo que no procederá realizar actuaciones de comprobación de valores cuando:

  • El obligado tributario haya presentado declaración de acuerdo con el valor que le haya sido comunicado por la Administración tributaria en los términos del artículo 90 de la LGT y 69 del RGAT (información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles). Dicha valoración únicamente vinculará a la Administración tributaria que la proporcione y que sea gestora y competente del tributo que grave la adquisición o transmisión de dichos inmuebles.
  • Cuando el obligado tributario haya presentado declaración de acuerdo con los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los medios previstos en el artículo 57.1 de la LGT. Dicha valoración únicamente vincula a la Administración que la efectúe en relación con los tributos de su competencia, es decir, la valoración dada por la Administración autonómica a efectos de ITPyAJD no vincula a la Administración estatal a efectos, por ejemplo, de IRPF y viceversa.

Documentación

Iniciado el procedimiento los contribuyentes que estén siendo objeto del mismo tendrán derecho a presentar la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento que se esté desarrollando.

Resolución

  • Plazo normativo para resolver

    Seis meses a contar desde la fecha de notificación de inicio.

    En el cómputo de dicho plazo deberá tenerse en cuenta los supuestos de interrupción justificada y de dilaciones por causas no imputables a la Administración, reguladas en los artículos 103 y 104 del RGAT.

    Asimismo, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de dicho plazo máximo, bastará con acreditar un sólo intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

  • Impugnación vía administrativa

    La valoración practicada por la Administración no podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, no obstante, se reconoce el derecho a los obligados tributarios a promover tasación pericial contradictoria o a plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o reclamaciones que, en su caso, se interpongan contra el acto de regularización.

    Contra la liquidación se podrá interponer recurso de reposición, potestativo y previo a la reclamación económica-administrativa; o bien, interponer directamente reclamación económica-administrativa.

    Asimismo, se reconoce la posibilidad de que el interesado se reserve el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación de la liquidación con la correspondiente valoración no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económica-administrativa. En tales casos, el plazo para solicitar la tasación pericial contradictoria o para interponer recurso de reposición o reclamación económica-administrativa contra la liquidación, empezará a contarse una vez que adquiera firmeza en vía administrativa el acuerdo que resuelva el recurso de reposición o la reclamación económica-administrativa desestimando la omisión de datos o motivos para la elevación de la valoración en la liquidación. Esta reserva de tasación pericial contradictoria se prevé tanto para el ITPyAJD en el artículo 120 del Reglamento, RD 828/1995; como para el ISyD, en el artículo 37 del DL 1/2006 por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos.

Órgano gestor

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